Se aprobó el cobro a obras sociales por gastos de atención en la salud pública
02/04/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El proyecto busca suplir las funciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, disuelta por Milei. Los efectos nocivos de la motosierra libertaria también se hicieron sentir en debates por los servicios de energía eléctrica y de salud
El proyecto busca suplir las funciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, disuelta por el gobierno de Milei. Los efectos nocivos de la motosierra libertaria también se hicieron sentir en debates por los servicios de energía eléctrica y de salud en la "periferia" de la provincia.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer en definitiva el proyecto de recupero de gastos de atención médica pública a afiliados de obras sociales.
La iniciativa del Ejecutivo provincial había ingresado originalmente por esta Cámara pero como el Senado le hizo una modificación, tuvo que volver para su ratificación, lo que ocurrió ayer, por lo que pasó al gobierno provincial para su promulgación.
Inicialmente el proyecto establecía que a los fines de recuperar los costos de atención a personas que cuentan con cobertura de salud, sea cual fuera esa atención, los montos a facturar se iban a determinar usando los valores establecidos por el nomenclador de prestaciones particulares del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) "vigente al momento de producirse la efectiva prestación del servicio de salud". Además, establecía que los medicamentos se iban a facturar usando "los valores del Nomenclador Kairos", y los insumos y descartables, serían cobrados "conforme a los valores de mercado vigentes al momento de la prestación".
La modificación en el Senado consistió en establecer que los medicamentos se facturarán según los valores de droguería, publicado al primer día hábil del mes en curso en que se provea, y los insumos y descartables, se facturarán de acuerdo a los precios de mercado.
El proyecto en revisión fue presentado por la diputada Laura Cartuccia (bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), quien calificó esta ley como una herramienta de "fortalecimiento del sistema sanitario" de la provincia. La iniciativa prevé también la emisión de un título de deuda, un título ejecutivo.
La legisladora aclaró que "esta ley no va en contra de los ciudadanos”, a quienes “no se les va cobrar absolutamente nada”, sino contra las obras que tiene la responsabilidad de cubrir las prestaciones de sus afiliados y que en muchos casos no lo hacen.
Su par de Orán David Taranto (Salta Tiene Futuro) recordó que esta ley se hizo necesaria porque en febrero de 2024 el gobierno nacional retiró a la Superintendencia de Servicios de Salud del rol de intermediaria entre los hospitales públicos y las obras sociales, cuya acción facilitaba el cobro de las prestaciones.
Socorro Villamayor (del mismo bloque) precisó que este proyecto busca "revertir una situación negativa" en lo económico provocada por el decreto nacional 172/24 que derogó la regulación y el control de la salud que estaba a cargo de la Superintendencia.
“Ante la ausencia de un ente regulador como la Superintendencia” con esta ley “le estamos brindando a la administración provincial la posibilidad de constituir un título ejecutivo” para cobrar la atención, sostuvo.
Servicios que se resienten
Gran parte de la sesión de ayer en Diputados se consumió en un intercambio agrio en el que se expresaron diferencias ideológicas sobre la forma en que se deben gestionar servicios esenciales como la energía eléctrica (herramienta para acceder a otros derechos) y la salud. Sin embargo, no hubo diferencias en cuanto a la mayor afectación de estos derechos que está provocando la gestión libertaria. El intercambio dejó en claro que el ajuste de La Libertad Avanza resiente aún más la situación social y económica de la "periferia" de la provincia.
El entredicho más caliente se dio en el tratamiento de un proyecto de declaración de la diputada oranense Patricia Hucena (JGSC) que pide al gobierno provincial que busque financiamiento para construir una planta de generación de energía eléctrica en la localidad de Pichanal.
Con el hartazgo propio y la presión de la población por las malas condiciones del servicio que presta en el norte salteño la proveedora de energía Edesa, otros legisladores de aquella zona estuvieron de acuerdo con la iniciativa, con matices en algunos casos.
Es sabida “la fragilidad, la precariedad del suministro eléctrico en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Anta. En épocas de altas temperaturas o de mayor demanda los cortes de luz se vuelven moneda corriente”, describió Hucena al presentar su proyecto. Destacó que esto afecta la vida cotidiana, el desarrollo productivo, el funcionamiento de escuelas, hospitales, comercios.
Como Pichanal está en un punto neurálgico del norte provincial, una central ahí permitiría reforzar la red, alivianar la presión y dar estabilidad al servicio, explicó. Y pidió que "se trabaje seriamente en este problema, que lo tenemos de décadas”. “Pagamos la luz más cara y obtenemos un pésimo servicio”, afirmó.
“No podemos hablar de proyectos productivos si no tenemos energía eléctrica”, si no hay provisión de agua, agregó Jorge Restom (San Martín, Todos), quien destacó que, encima, las boletas de la luz tienen gran impacto en la economía de las familias en una zona donde un aire acondicionado es un elemento de extrema necesidad, con temperaturas que llegaron a 51 grados.
Juan Esteban Romero (Salta Tiene Futuro), que acompañó el proyecto, exhibió una concepción diferente: “Creo que tenemos que dejar de pensar en más estatismo, en más créditos, en más deudas, en pensar que el Estado va a resolver las cosas cuando el sector privado se muere de ganas de invertir en este sector que es el energético”, sostuvo antes de postular que se debe incentivar que proyectos privados produzcan su energía e incluso la vendan al sistema nacional, y pensar también en energías renovables y alternativas. “Nos saquemos el chip de estatismo y le demos el incentivo a los privados para que puedan hacer estas inversiones”.
Oficiando de vocero de la Comisión de Derechos Humanos, que presentó un dictamen diferente, se sumó en esta línea el diputado José Gauffin (Capital, PRO). “Digamos las cosas como son”, un proyecto de declaración como éste puede demorar cinco años en tener un efecto cuando “la actividad privada puede resolverlo rápidamente”, aseguró.
Roque Cornejo (LLA, de Capital) apuntó contra Edesa, anticipó que presentó un proyecto que propone disolver el contrato con Edesa y que se haga una licitación nacional e internacional para que venga otra proveedora. “La solución tiene que ser profundamente distinta”, afirmó.
Al tartagalense Santiago Vargas (Unión Salteña – UCR) le pareció bien que se piense también en el sector privado, también cuestionó el proyecto tira la solución a un plazo “que los sanmartinianos no podemos esperar”, dijo; consideró que hay que reclamar al Estado nacional y le pidió al gobernador Gustavo Sáenz que sea el vocero de este reclamo. También señaló los altos costes de las facturas por un servicio malo: anteayer Salvador Mazza estuvo sin luz por 24 horas y Embarcación, por casi 20, contó.
Las intervenciones provocaron el hartazgo de Patricia Hucena. “Esto no se trata de estatismo o de privatización, hay una realidad que la viven los vecinos de mi departamento”. Para qué más privatización, si el servicio -prestado por una empresa privada- es pésimo. “Opinan que el Estado no debe garantizar la infraestructura, o pienso diferente”. “Les pido que también respeten la realidad que uno plantea”, dijo levantando la voz.
“Piensan con las ideas liberales que el Estado no se tiene que hacer cargo de absolutamente nada”. “Yo sí creo que el estado se debe hacer cargo de la infraestructura”. “¿Quién va a invertir en el norte, cuando no tenemos las rutas en condiciones?”, inquirió.
“Lo que yo estoy pidiendo aquí son soluciones concretas”. “Esto es un lavamos de uno a otro, pero la solución no llega a los vecinos”. “Necesitamos que Nación invierta, no solo en energía eléctrica, en todo, pero, bueno, ustedes creen en la política liberal”, que el Estado no haga nada, recriminó.
“No me vengan a hablar de privatización" porque "me van a hacer hablar siempre de las verdades obsoletas que tienen las privatizaciones, jodiendo a los más pobres, y beneficiando a los más ricos. Es esa la realidad de este país”, concluyó. El proyecto fue aprobado.
El otro intercambio se dio en el tratamiento de un proyecto de declaración para que se renueve el tomógrafo del Hospital de esa ciudad, iniciativa del diputado Patricio Peñalba (Cafayate, JGSC), que introdujo el concepto de "periferia" de la provincia.
Fuente de la Información: Página 12
