Seis funcionarios de la gestión de Gerardo Morales imputados por corrupción
07/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Caspalá sigue dando dolores de cabeza a funcionarios que en 2022 avanzaron sin consentimiento sobre esta comunidad ancestral. Ahora la exministra de Educación y el excomisionado caspaleño, y otros cuatro funcionarios, fueron imputados.
Por Mariana Mamaní
Caspalá sigue dando dolores de cabeza a funcionarios que en 2022 avanzaron sin consentimiento sobre esta comunidad ancestral. Ahora la exministra de Educación y el excomisionado caspaleño, y otros cuatro funcionarios, fueron imputados por fraude a la administración pública, falsedad ideológica y utilización de documentos falsos. La querella ampliará la denuncia.
La comunidad kolla del pequeño pueblo de Caspalá, en las Yungas jujeñas, recibió otra buena noticia de la Justicia Federal. Al convenio que obliga al Estado provincial a devolver la cancha ancetral y otros lugares en los que avanzó sin consentimiento, y a hacer una reparación integral, se le seumó el miércoles último la novedad del avance de la causa penal contra funcionarios o ex funcionarios que llevaron a cabo estas acciones.
Esta causa penal se inició por denuncia de la comunidad kolla caspaleña ante el atropello de la gestión del ahora ex gobernador Gerardo Morales, que en noviembre de 2022 decidió construir el edificio de la Escuela Secundaria N° 57 en una cancha ancestral en ese pueblo de altura en Valle Grande. La comunidad, que no fue consultada por el gobierno, ya contaba con otro terreno adquirido en 2015 específicamente para la escuela.
El miércoles último, la jueza federal de Garantías de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, dio por formalizada la imputación a seis funcionarios del gobierno de Morales. En la audiencia se conoció que el gobierno de Jujuy falseó datos sobre el financiamiento de esta obra.
En 2022 la provincia anunció que la construcción de la escuela se iba a hacer a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace), creado para ampliar la cobertura de la educación inicial, primaria y secundaria y que se financia con la renta de la Planta de Energía Solar Cauchari. Sin embargo, resultó que la obra era financiada por la Nación por el valor de 95 millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional envió 43 millones a la provincia en 2022. Pero la edificación prácticamente no tuvo avance.
La cancha comunitaria donde se preveía la obra que finalmente no se hizo.
La fiscal federal Lucía Orsetti imputó a la ex ministra de Educación, Teresa Bovi; al ex comisionado de Caspalá, Natividad Apaza, hoy vocal municipal; a los arquitectos del Ministerio de Educación, José Raúl Torres y María Victoria Martínez Fascio; a la asesora legal del ministerio de Educación, María Cecilia Rotondo, y al asesor de Fiscalía de Estado, Diego Montenovi, por fraude a la administración pública, falsedad ideológica y utilización de documentos falsos.
“Se desembolsó la mitad del monto para la construcción de la escuela que no existe al día de hoy", acusó la fiscal Lucía Orsetti. Sobre la falsedad ideológica, dijo que "se usaron documentos falsos para acreditar la elegibilidad del lugar” en la cancha ancestral (Finca Pozuelos) de Caspalá, donde el gobierno de Morales pretendía construir el edificio, contra la voluntad de los comuneros y comuneras, detalló la abogada querellante Silvana Llanés, que representa a las comuneras Francisca Coronel y Lidia Balcarce y al comunero Pablo José Cruz Mayoja.
La fiscal expuso que la obra de la Escuela en Caspalá se construía con fondos nacionales girados directamente desde el Ministerio de Educación de la Nación al Ministerio del área de la provincia. Del monto presupuestado de 95 millones de pesos, se enviaron 43 millones.
"Enviaron dinero de Nación a un lugar donde no hay nada", ratificó la abogada querellante Alejandra Cejas. "Lo único que hay es daño, rompieron todo, detuvieron, armaron causas, hicieron un escándalo en los medios, avanzaron sin el consentimiento de la comunidad, expropiaron", enumeró recordando la represión que sufrió la comunidad kolla desde el 18 de noviembre de 2022.
"Entiendo que hubo un encubrimiento para no responder por la plata que recibió el Ministerio de la provincia. Hubo un pedido de siete adicionales para la obra y se autorizaron y se efectivizó. La semana que viene vamos a tener acceso a las pruebas”, señaló respecto de la documentación que reunió en la fiscalía.
"Por la cabeza de la serpiente"
Cejas adelantó que ampliarán la imputación: “Entendemos que el ideólogo es Gerardo Morales, de hecho, la primera denuncia es contra él y otros funcionarios. Esto no se pudo hacer sin el concurso de varios partícipes. Como querella vamos a avanzar en ese pedido de imputación”, aseguró.
En conferencia de prensa la querella expuso algunos datos relevantes de la audiencia: “Los imputados manifestaron que no había comunidad aborigen en la zona" de Caspalá, a pesar de que "hay una comunidad registrada, tiene su estatuto", contó, e insistió en que "se han cometido una serie de delitos en este caso”.
La querella, en la audiencia virtual (Imagen: Mariana Mamaní)
También destacó el "trabajo enorme" de la fiscal. En esta línea, resaltó que Orsetti apeló la resolución de la jueza por el acceso a la carpeta judicial donde ella tiene su teoría del caso, y donde están las pruebas. Finalmente, se resolvió que las partes tendrán acceso a esta documentación pero la carpeta corresponde a la Fiscalía, explicó Llanés.
Las pruebas fueron exhibidas por la fiscal en la audiencia. “La doctora Orsetti ha tomado con mucha seriedad y respeto esta causa. Los hechos han sido detallados. Nos sentimos respaldados y vamos a aportar todo como parte querellante. Todo esto va a impulsar para una ampliación de denuncia de otros funcionarios que han participado de este fraude, corrupción, tráfico de influencias, que han sido responsables coautores, partícipes y se verá la responsabilidad penal que le cabe a cada uno. Nosotros vamos por la cabeza de la serpiente, sabemos quién es”, expresó Llanés.
“Este avance que tuvo este modelo de gobierno hace hoy que toda la provincia esté en peligro", añadió Cejas. Dijo que en esta circunstancia es un deber "defender los recursos naturales, nuestro ecosistema", dado que "a nivel mundial está aprobado que la saturación por los modelos extractivitas afecta a las comunidades, deja los pasivos para que el primer mundo viva bien y nosotros mal". Contó que otras comunidades les están pidiendo que las acompañen en este camino.
También cuestionó el desinterés que muestran las actuales administraciones de la provincia y la Nación por los asuntos que afectan a las personas. "Estamos librados a nuestra suerte porque las instituciones no hacen su trabajo. En vez que el Estado proteja, garantice el acceso a derechos, es al revés, palo, reprime y ellos hacen negocios”, reprochó.
En la audiencia estuvo un representante de la Procuraduría de la Nación, que pidió tener acceso al expediente, y la defensa pidió tiempo también con este fin, por lo que se pasó a un cuarto intermedio de 72 horas.
La reparación
En noviembre pasado la jueza Gregoraschuk homologó un convenio al que arribó la fiscalía federal con la provincia de Jujuy para la restitución de la cancha ancestral a la comunidad caspaleña y la reparación integral de los daños provocados con el accionar de la provincia sobre el territorio comunitario.
Llanés dijo que aún no se iniciaron los trabajos de restauración. La jueza "dijo que vamos a participar y estar informados de todo lo que se haga en el momento de la restitución, restauración y puesta en valor de la cancha al estado anterior a noviembre 2022”, recordó.
También debe restituirse y devolverla al estado anterior al avance de la maquinaria de la provincia la finca Santa Rita, de propiedad de Pablo Moyoja, que en 2022 fue expropiada por un proyecto de ley enviado por el ex gobernador Morales a la Legislatura, que diputados y diputadas aprobaron sin siquiera conocer el lugar.
La abogada querellante sostuvo que en la provincia "no hay una división de poderes que haga una suerte de freno y contrapeso al poder político de turno". Entendió que es necesario "exigir a las autoridades que rindan cuentas de todas estas cuestiones porque toda la reparación, restauración, restitución, reparación integral la termina pagando el pueblo jujeño”.
Fuente de la Información: Página 12
