Tres jueces definirán si Argentina debe pagar u$s 3.000 millones
09/06/2017. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Ayer fueron designados los magistrados que fallarán en el juicio iniciado por el fondo Bruford por la renacionalización de YPF.
Ralph Winter, Guido Calabresi y Denny Chin serán los tres jueces que desde el próximo jueves 15 decidirán si la Argentina debe pagar, o no, entre 3.000 y 3.500 millones de dólares por el juicio que dos fondos le hacen al país y a YPF por la renacionalización de la petrolera. Estos son los tres magistrados elegidos para escuchar la defensa que los abogados del país y la compañía expondrán ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, donde en segunda instancia se tendrá que definir el juicio planteado por el fondo Bruford; que se considera damnificado por la manera en que la Argentina manejó la operación de renacionalización de la petrolera en 2011. Bruford Capital también tendrá sus propios 12 minutos, donde reclamará que el país le pague unos 3.000 millones de dólares por los supuestos "daños" provocados durante el Gobierno de Cristina de Kirchner a la empresa Petersen Energía; la que compró en el 2015 sólo para avanzar en este juicio contra el país.
El caso planteado por Bruford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado de Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después que el juez derive el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Bruford) en octubre de 2016; y el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que finalmente el jueves dará una audiencia a las partes.
La demanda del fondo Bruford Capital contra YPF y Argentina se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora; dos compañías hoy en quiebras abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF, y para organizar la relación con Repsol, el socio mayoritario. Luego de la nacionalización de la petrolera en mayo de 2012, y como la decisión se tomó sólo por el porcentaje de Repsol, Petersen se consideró damnificada al haberse aprobado por ley la prohibición de distribuir ganancias de la petrolera una vez renacionalizada; siendo ésta la manera en que el Grupo Petersen se había comprometido a pagar su incorporación como socio de la petrolera por recomendación directa de Néstor Kirchner. Luego de la renacionalización, las dos empresas radicadas en España se manifestaron damnificadas y reclamaron un resarcimiento económico al alegar además que durante la expropiación de la petroleras, se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos, dado que YPF cotizaba en Wall Street. El juicio fue vendido al fondo especialista en este tipo de litigios, Bruford Capital, que lo llevó adelante primero ante Griesa y luego ante Preska. Y el próximo jueves ante la Cámara de Apelaciones. Si bien no hay un número definido, se estima que la demanda es por un monto estimado de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, cuando Bruford invirtió no más de 35 millones de dólares en la compra del juicio.
La defensa que esgrime la Argentina, que está representado en este caso por el estudio Akerman de Nueva York, es que la operación se trató de un acto soberano tomado por el Gobierno de Cristina de Kirchner, sin intención comercial; dado que la ley de renacionalización explicitó que no habría repartición de dividendos entre los socios. Según este argumento, se trataría de un "Act of state", por el cual además los Estados Unidos tiene limitado la acción judicial con respecto a las acciones de otros países, en este caso la Argentina; por lo que su poder judicial no debería entrometerse en los asuntos jurídicos y comerciales de otros países. Esto aunque las acciones de YPF coticen en la bolsa de Nueva York. El "Act of state" se utiliza generalmente cuando un activo de los Estados Unidos es nacionalizado en otro país y la empresa afectada reclama en los tribunales norteamericanos para ser resarcida. En su presentación los abogados sostuvieron que la expropiación de YPF a la empresa Repsol "es constitucional y fue avalada por el Congreso". El escrito, sostiene que Bruford, a nombre de su controlada Petersen, del grupo Eskenazy, está haciendo un reclamo por un acto soberano, no comercial y que ese grupo no pudo probar la raíz comercial que dio origen al reclamo judicial.
Bruford Capital llegó a la historia de la renacionalización de YPF al no poder pagar el grupo Petersen los créditos que había tomado ante diferentes bancos y la propia Repsol, por el 25% de las acciones. El fondo incluso tenía bonos argentinos en default comprados en algún momento del 2006 al 2008, y se presentó en tiempo y forma en el juicio contra la Argentina para aceptar en marzo de 2016 la oferta que el entonces secretario de Finanzas Luis Caputo llevó ante Griesa.
Fuente: Ámbito
