Un fallo de Casación convalida la constitucionalidad de la reincidencia
01/05/2015. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
En un caso de comercialización de drogas en el interior de una cárcel, la sentencia deberá ser cumplida en su totalidad, porque el recluso estaba cumpliendo una condena por un delito anterior.
El 16 de abril pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos confirmó la pena de 6 años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, contra un interno de la Unidad Carcelaria n° 1 de esa provincia, a quien durante una requisa de rutina se le encontró droga en cantidad suficiente como para desestimar que se tratara de tenencia para consumo.
En la celda del imputado, Tito Antonio Rodríguez, había 207 envoltorios en forma de "lágrimas" o "pipas" ocultas en ovillos de lana, conteniendo pasta base de cocaína con una pureza de entre 57 y 63 por ciento, además de una gran cantidad de dinero, por lo que el interno fue procesado y condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Ahora, Casación confirmó esa condena que había sido apelada por la defensa.
Lo interesante del fallo es la defensa que hacen los magistrados de la reincidencia, al sostener que "no es inconstitucional la mayor severidad en el cumplimiento de la pena derivada de la declaración de reincidencia del responsable de un delito, toda vez que ésta se justifica, precisamente, en el desprecio hacia la pena que ha sido impuesta con anterioridad". Y agregando, citando jurisprudencia de la Corte: "Criterio que ha sido reiterado más recientemente, en el fallo (...) in re: 'Arévalo, Martín Salomón s/causa Nº 11.835".
Esta jurisprudencia se opone a la que viene sosteniendo la Sala II de la Cámara de Casación que, contra la postura de las otras tres Salas, sostiene que la reincidencia es inconstitucional.
Esta Sala se ha distinguido también por un fallo reciente en el que consideró que la tenencia de droga para consumo personal dentro de la cárcel no es delito. El argumento esgrimido en el fallo que firman los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma fue que "la titularidad de derechos no se detiene frente a los muros de los establecimientos carcelarios".
Pero ese no es el criterio de las otras 3 salas de la Cámara de Casación Penal. La Sala IV, por ejemplo, en cuanto al tema de la droga en cárcel, sostiene, también siguiendo un fallo de la Corte (Sosa), que en la cárcel no hay un ámbito de privacidad como si la persona estuviera en su casa.
Un ciudadano, en su domicilio, si no hay afectación al derecho de terceros, puede hacer lo que quiera sin ser objeto de persecución judicial. Pero la cárcel vendría a ser un ámbito público en el que se está cumpliendo una pena.
En el caso que se analiza aquí, de todos modos, no se trata de tenencia sino de comercialización. Pero, contrariando también una tendencia reciente a equiparar los derechos de los detenidos a los de los ciudadanos en libertad –se ha llegado incluso a ordenar que se les garanticen derechos laborales iguales a los de un asalariado fuera de la prisión- la Sala IV de la Cámara de Casaciónconsideró un agravante el hecho de que el delito se haya cometido en un lugar de detención.
En cuanto a la reincidencia, cuya constitucionalidad este fallo convalida, Tito Antonio Rodríguez ya estaba condenado y cumpliendo pena cuando le fue secuestrada la droga para comercialización por la que fue nuevamente procesado y condenado en diciembre de 2013. Es la condena que acaba de confirmar Casación y que, por ser reincidente, Rodríguez deberá cumplir en su totalidad, sin derecho a la libertad condicional.
La Corte viene sosteniendo hace bastante tiempo (fallo L'Eveque, de 1988, y, mucho más recientemente, en la causa Arévalo, Martín) la constitucionalidad de la reincidencia.
Este tema ha estado en el centro del debate penal en nuestro país en los últimos años, a raíz de una corriente de jueces que considera que es inconstitucional tener en cuenta condenas anteriores para agravar las condiciones de cumplimiento de una pena.
Tradicionalmente, si un delincuente tenía en su haber condenas anteriores, los magistrados no le concedían el beneficio de la excarcelación durante el proceso ni la libertad condicional posteriormente; es decir, se le negaban los beneficios que sí podían tener los delincuentes primarios, es decir, sin antecedentes. Algo que suena a todas luces razonable.
Fuente: Infobae