Vecinos de Las Lajitas se plantaron contra un injusto desalojo
28/08/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Boletos de compraventas muestran como legítima propietaria a una familia vulnerable que quieren lanzar a la calle. Hay una mujer discapacitada, dos niños y una comunidad indignada con la Justicia de Anta.
Otra vez el servicio de Justicia de Anta quedó envuelto en un escandaloso juicio sumarísimo que el pasado lunes desató una indignación generalizada de vecinos de esa localidad que impidieron, con el grito en el cielo, el desalojo de una familia vulnerable integrada por una adulta mayor, una hija con el 80% discapacidad mental certificada por el Hospital Miguel Ragone y otra hija que es madre sola de una nena de 8 años y un niño de 11.
La medida que frustrada con una masiva expresión de repudio social tuvo ribetes insólitos, no solo por el desproporcionado despliegue policial que se dispuso para lanzar a la calle a una familia humilde que adquirió ese terreno de buena fe en 1987 y construyó ese techo con enorme sacrificio, sino también porque una medida cautelar de no innovar dictada el viernes último ordenó al actor del juicio de desalojo, Rubén Apolo Fernández, "copartícipes o terceras personas en su nombre se abstengan de realizar cualquier acto que implique modificación material o jurídica del inmueble y se mantenga el status quo existente a la fecha de notificación de la presente".
Ayer, vecinos de la localidad anteña mantenían una vigilia, para evitar que se insista con un desalojo al que en un acta plagada de firmas calificaron de irrazonable, injusto y arbitrario. En la vivienda que desde el pasado lunes tiene convulsionada a esa comunidad colocaron una bandera argentina y carteles que rezan: "De aquí no sale nadie", Dra. Rahmer - Corrupción", "Basta de Abusos", "Justicia para la familia Dávila" y uno que destaca sobre todos los demás: "Destitución e intervención a jueces de Anta".
Detrás de esos carteles hay una historia que comenzó a escribirse el 20 de julio de 1985, cuando el actor del juicio de desalojo, Fernández, vendió el lote que habita la familia Avila en Maipú sin número, cerca de la esquina de Santa Fe, a Manuel Herrera. Este, dos años después, le vendió el terreno a Felisa Dávila y su Hija Paola Aguero, según consta en el boleto de compraventa que certificó el 12 de marzo de 2002 la escribana Carolina Calvo García, titular del Registro Notarial Nº 150 de Salta. Allí, además de la autenticidad de las firmas, la notaria certifico Herrera le vendió el terreno a Felisa y su hija en 1987 por 126 australes, que las compradoras le abonaron en efectivo.
Patricia Rahmer, jueza de Anta.
Los dos boletos de compraventa, como también los pagos de servicios e impuestos, padrones electorales, otras constancias documentales y el propio testimonios de vecinos muestran que la familia que se pretende lanzar a la calle habita esa vivienda desde hace tres décadas como legítima poseedora del inmueble.
Sin embargo, 37 años después de haber vendido el lote, según consta en el boleto de compraventa que fue certificado por el escribano Fabio Adrián Mamaní el 30 de julio de 1985, Fernández inició en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Joaquín V. González, a cargo de Patricia Rahmer, un juicio de desalojo en el que la familia Dávila fue señalada como supuesta intrusa.
Sin recursos para poder costear un abogado, Felisa y su hija Lorena fueron asistidas en el juicio sumarísimo por el defensor oficial Virgilio Varela, cuyo desempeño fue poco más que lamentable. De hecho, ayer, en declaraciones al programa Podría Ser Peor, de la Radio Uno de Joaquín V. González, la magistrada cargó las tintas sobre Varela por la sentencia de desalojo que dictó tras dos audiencias sumárisimas. Señaló que el defensor oficial no presentó los originales de los boletos de compraventa que hubieran evitado la sentencia de desalojo a la definió como cosa juzgada e irreversible. El defensor tampoco presentó los boletos ante la Cámara que confirmó el fallo.
Ante una pregunta del periodista Daniel Barboza sobre la vulnerabilidad de la familia Dávila, Rahmer dijo haber desconocido en su momento que ese grupo vulnerable, además de una sexagenaria, incluía a una mujer con discapacidad mental del 80% y dos niños en edad escolar. Constancias del expediente, que eximen en ese aspecto al defensor oficial, contradicen la afirmación de la jueza.
Dos niños y una discapacitada sin asistencia en el juicio
El abogado Mariano Sitelli, que asiste a la familia Dávila desde mayo último, interpuso una acción autónoma de nulidad y revocación de cosa juzgada írrita, en la que afirmó que del expediente se desprende con claridad que la jueza Patricia Rahmer conocía mucho antes de sentenciar el desalojo de la mujer discapacitada y los dos niños que, por tratados internacionales, debían contar con una intervención en tiempo y forma del Ministerio Pupilar. En esa presentación, el letrado remarcó que de las constancias de autos surgía obligatoria e inexcusable la actuación de la Asesoría de Menores e Incapaces, pero que recién después de presentada la acción de nulidad, se dio intervención a la asesora María Susana Zenzano Poma para que emita un dictamen con sentencias ya dictadas en dos instancias (Cosa Juzgada).
Parte del grupo familiar con policías cercando la casa.
Junto a la acción de nulidad, Sitelli recusó a la jueza y solicitó una medida cautelar de prohibición de innovar fundada en el daño material irreversible que ocasionaría al grupo familiar la injusta decisión de desalojarlo. La medida de no innovar se dictó el pasado viernes 23 y ayer, en la entrevista periodística, Rahmer confirmó su apartamiento. También señaló que la acción de nulidad se tramita ante otro juez de Anta, Héctor Guzmán, quien, según se desprendió de sus declaraciones, fue quien dictó la cautelar. La jueza sostuvo que de todos modos el desalojo se llevaría adelante.
"Lamentablemente, muchas veces, la soberbia institucional de algunos jueces no les permite reconocer una equivocación o un fallo injusto", señaló Sitelli, tras afirmar que detrás del juicio de desalojo hay "una estafa patrimonial del actor en contra de la familia y de la Justicia", acotó el abogado.
Fuente de la Información: El Tribuno