Volvió la Corte y exige mayor control a oficina de pinchaduras
04/02/2015. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Por Milton Merlo - Ámbito Financiero
La Corte Suprema de Justicia organizó ayer el primer acuerdo de ministros tras la feria de verano. Estuvieron los cuatro magistrados y si bien no se firmaron fallos de peso, el cónclave estuvo dominado por los asuntos más candentes que ofreció enero, como la crisis política desatada por la muerte de Alberto Nisman y la reforma sobre la Secretaría de Inteligencia anunciada desde el Gobierno.
Este segundo punto alude directamente a la Corte porque distintos legisladores de la oposición reclamaron que las escuchas judiciales queden en poder del máximo tribunal y no de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Para los ministros no es una cuestión de nombres, sino de formas: más allá de quién quede a cargo de las pinchaduras, para la Corte es elemental que ese proceso sea transparente, controlado y con fines que respondan al contenido de los expedientes.
Se recordó el fallo Halabi de 2009, que fue firmado por unanimidad y que entendió como inconstitucional el hecho de que las telefónicas preservaran durante 10 años los registros de las comunicaciones de los particulares.
Los fundamentos de esa resolución establecen las acciones colectivas en caso de lesiones a derechos elementales, pero más importante en el contexto actual es que allí los ministros deslizan que las escuchas no siempre se enmarcan en los límites de un expediente concreto.
Por otra parte, en el fallo que creó la Oficina de la Mujer en la Corte aparecen duras objeciones contra el hecho de traspasar estructuras al tribunal sin su previo consentimiento.
A partir de esas nociones, para la percepción cortesana resulta más interesante el planteo que ayer formularon los fiscales generales y procuradores de distintas provincias que reclamaron que Gils Carbó sólo monopolice las escuchas de casos federales, pero que todos los expedientes de jurisdicción local queden en poder de las estructuras que ellos conducen. Ese planteo es encabezado por Martín Ocampo, el fiscal general porteño cercano a Daniel Angelici, gerente judicial de Mauricio Macri.
No es el único reclamo de interés para el cuarto piso que Ocampo ha formulado. Tiempo atrás esgrimió una acción contra las leyes de abastecimiento que el kirchnerismo votó en 2014 en el Congreso a partir de la premisa de que esas normas violaban atribuciones administrativas de la Capital.
Para la Corte, el peor de los pronósticos es que las reformas anunciadas en la SI y en la Oficina de Observaciones Judiciales sólo formen parte de un escape del oficialismo hacia adelante más vinculado a las apariencias que a verdaderas transformaciones de fondo. Hasta la calle Talcahuano ha llegado el dato de que a la nueva conducción del organismo le es casi imposible contratar técnicos experimentados por el temor de estos profesionales a ingresar al ámbito de la clandestinidad.
Son los mismos reparos que por estas horas acusan los jueces federales que prefieren eludir la causa formulada a partir de la última denuncia de Nisman. Ya es casi una certeza que en realidad los magistrados están esperando la definición de la Cámara Federal porque el que sea elegido comenzará el caso con un blindaje que lo preservará de futuros entuertos. Estas intrigas constituyen en gran parte el motivo por el cual tras dos días de actividad no aparecen nuevos fallos adversos contra integrantes de la constelación kirchnerista.
El caso Nisman es otro plano de conversaciones más reservadas en la Corte, especialmente a partir del encuentro de Ricardo Lorenzetti con la jueza Fabiana Palmaghini, que todavía no tomó control del caso porque persiste la duda sobre la causa de la muerte del fiscal.
El mentor de Palmaghini es el camarista Mario Filozoff (fue su secretaria letrada), que años atrás mantuvo algunos encuentros con Lorenzetti para analizar la posibilidad de debatir la eximición del pago de Ganancias en el Poder Judicial. Un issue que por ahora ha quedado fuera de agenda.
La cercanía de Lorenzetti con el referente de Palmaghini es observada por el kirchnerismo, que se ha convencido de que gran parte de las medidas ordenadas por la jueza -y difundidas por la Corte- se escribieron en el despacho de Filozoff.
El acuerdo de ayer fue el escenario también de felicitaciones para con Carlos Fayt con motivo de su reciente cumpleaños. El ministro decano, foco desde hace una semana de embates del kirchnerismo que quisiera someterlo a una pericia psicotécnica en pos de obtener otra vacante en la Corte, donde, por cierto, ya se toma casi con certeza que el oficialismo ni siquiera enviará el pliego de Roberto Carlés al Congreso. Una vez caída esa postulación surgirá otro nombre vinculado al derecho penal (el pasado viernes León Arsalanian habría declinado un ofrecimiento de la más elevada procedencia).